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La Audiencia Provincial de Madrid anula la indemnización a los afectados por la talidomida

Las víctimas del medicamento que provocó malformaciones lamentan este ‘golpe bajo’

 

La Audiencia Provincial de Madrid ha anulado el pago de una indemnización a los afectados de la talidomida que reclamaron 204 millones de euros por las malformaciones que les causó ese medicamento.

De esta forma, el tribunal ha revocado la condena que el pasado mes de noviembre la juez de Primera Instancia número 90 de Madrid, Gemma Susana Fernández Díaz, impuso a la farmacéutica Grünenthal al estimar parcialmente la demanda presentada por la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (AVITE).

Los magistrados estiman que las acciones ejercitadas por AVITE han de entenderse “prescritas, por lo que proceden a revocar la sentencia y desestimar en su integridad la demanda interpuesta”.

La farmacéutica alemana fue condenada, en un juicio que se inició 57 años después de que naciera la primera ‘victima’, a pagar 20.000 euros a cada uno de los afectados por cada punto porcentual de minusvalía que les haya reconocido la Administración, pero recurrió la sentencia, lo que ha sido aceptado por la Audiencia.

Independientemente de esta sentencia, la compañía reitera a través de un comunicado “que ya existen medios específicos y eficaces para que todas las personas afectadas por un producto que contuviese talidomida de Grünenthal o de su distribuidor local en España puedan beneficiarse de ayudas económicas: todos los afectados siguen teniendo derecho a recibir los mismos beneficios de la Fundación Contergan que ya están recibiendo las víctimas alemanas y españolas”. El comunicado también señala que “Grünenthal ha contribuido económicamente con la Fundación Contergan, que concede pensiones vitalicias a todas las víctimas de productos con talidomida de Grünenthal o sus distribuidores, que pueden llegar a 7.000 euros al mes según el grado de discapacidad. La decisión sobre las ayudas que se conceden la toma un comité experto independiente nombrado por la Fundación Contergan, que depende únicamente del Gobierno alemán”.

Las víctimas recurrirán

El presidente de AVITE, José Riquelme, ha considerado “un golpe muy bajo y muy fuerte” a los afectados de la talidomida la sentencia de la Audiencia de Madrid.

“Nos parece increíble y alucinante que la titular del juzgado de Primera Instancia número 90 de Madrid no viera prescripción anteriormente y ahora tres jueces de la Audiencia Provincial de Madrid hayan visto prescripción”, ha declarado Riquelme.

El presidente de Avite ha destacado que van a seguir luchando, mientras tengan “aliento y vida”, para reclamar indemnizaciones, y ha asegurado que recurrirán la sentencia ante el Tribunal Supremo, aunque tengan que esperar cuatro años más para ver qué dice la justicia en las altas instancias.

Contra la sentencia cabe la interposición de recurso de casación y/o recurso extraordinario por infracción procesal en el plazo de 20 días y ante esta misma Sala.

‘Daños tardíos’

En la resolución ahora revocada se declaraba como afectados a los socios de AVITE de los incluidos en un listado contenido en auto de 6 de noviembre de 2012 y que se presentó en una audiencia previa. Según el auto, estos podrían percibir en el futuro las ayudas económicas establecidas en el Real Decreto 1006/2010.

Ahora, la Audiencia Provincial de Madrid anula estas indemnizaciones y hace referencia a los llamados “daños tardíos” explicando que debería realizarse una investigación científica “sistemática” de los daños causados en la etapa prenatal “pero descubiertos más tarde”, que se concentre “en la colocación errónea de los vasos, nervios y músculos”.

Hace referencia al Informe del Instituto de Gerontología de la Universidad de Heidelberg, donde “no supone una constatación de los denominados daños tardíos y que los mismos tengan su causa en la talidomida, sino que, a lo largo del mismo, en diversas ocasiones, se establece como una posibilidad, por lo que su determinación se deberá de realizar a través de la correspondiente investigación científica“.

La no prescripción sine die es contraria a la doctrina

Para la Audencia de Madrid, la conclusión de la sentencia apelada de entender que no han prescrito las acciones ejercitadas en la demanda por la existencia de esta posibilidad, y por lo tanto dejar abierto el plazo de prescripción sine die, “es contraria a la doctrina jurisprudencial”.

A su juicio, es “difícil establecer cuando podría darse “un conocimiento cierto, cabal, seguro, exacto y absolutamente definitivo sobre el alcance de las lesiones y secuelas producidas por la talidomida”, tal y como se recoge en el último párrafo del fundamento de derecho tercero de la sentencia apelada.

Y es que tal pronunciamiento “sería tanto como dejar el inicio del plazo de prescripción para el momento del fallecimiento del afectado por la talidomida, lo que sería contrario a la jurisprudencia” y la posibilidad de establecer distintas etapas o hechos diferenciados, “lo que sí sería posible en el caso enjuiciado”, entiende.

Acciones judiciales individuales

La Audiencia de Madrid recuerda que su decisión ha sido tomada sin perjuicio de que una vez se determine por la correspondiente investigación científica que los denominados daños secundarios, tardíos o de aparición tardía, pueden considerarse como secuelas derivadas de la talidomida, “los afectados de manera individual” podrían ejercitar acciones legales. En este punto, insisten en que “no pueden efectuarse generalizaciones” y que ésto lo podrán hacer los afectados “tras los correspondientes informes clínicos en los que se compruebe, se les diagnostique estas secuelas (o nuevos daños) y sus efectos invalidantes”. “Podrían ejercitar (si así lo entendieren) las acciones correspondientes por las mismas (no por las anteriores), pues entonces (tras estos nuevos diagnósticos) sí se iniciaría un nuevo plazo de prescripción, al ser en ese momento cuando quedaría concretado el alcance de los nuevos daños”, reza la sentencia. Y es que la Audiencia madrileña entiende que “una vez se acrediten respecto de cada uno de los afectados” que existen tales secuelas “sí sería de aplicación el principio actio nondum nata non praescribitur (la acción que todavía no ha nacido no puede prescribir)”. Sin embargo, por la mera posibilidad de que puedan producirse daños tardíos derivados del principio activo de la talidomida, “no contrastados en la actualidad”, y de su posible existencia en determinados afectados, “no puede excluir que debamos apreciar la prescripción, y dejar indeterminado sine die el inicio del cómputo de la misma”.