AGADESA

Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, Sala de lo Social, Sentencia 659/2014 de 29 Sep. 2014, Rec. 620/2014

Ponente: Pérez Pérez, Elena.

Nº de Sentencia: 659/2014

Nº de Recurso: 620/2014

Jurisdicción: SOCIAL

LA LEY 132958/2014

Texto

SENTENCIA nº 000659/2014

En Santander, a 29 de septiembre de 2014.

PRESIDENTE

Ilma. Sra. Dª. Mercedes Sancha Saiz

MAGISTRADAS

Ilma. Sra. Dª. Mª Jesús Fernández García

Ilma. Sra. Dª. ELENA PEREZ PEREZ (PONENTE)

EN NOMBRE DE SU MAJESTAD EL REY, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria compuesta por los Iltmos. Sres. citados al margen ha dictado la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de suplicación interpuesto por Dª. Coro contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social Núm. Cinco de Santander, ha sido Ponente la Ilma. Sra. Dª. ELENA PEREZ PEREZ, quien expresa el parecer de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que según consta en autos se presentó demanda por Dª. Coro siendo demandado INSS y TGSS sobre Incapacidad y que en su día se celebró el acto de la vista, habiéndose dictado sentencia por el Juzgado de referencia en fecha 1 de Abril de 2014 en los términos que se recogen en su parte dispositiva.

SEGUNDO.- Que como hechos probados se declararon los siguientes:

1º.- Dª Coro (N.I.F. nº NUM000 ), nacida el día NUM001 -54, está afiliada a la Seguridad Social -R.G.S.S.-, siendo su profesión habitual la de Camarera-hostelería.

2º.- Iniciada la vía administrativa ante el Instituto de la Nacional de la Seguridad Social en solicitud de incapacidad permanente, se dictó resolución de fecha 27-2-13, donde reconociendo las secuelas “poliartralgias generalizadas, espondiloartrosis cervical y lumbar, artrosis tibioastragalina izda, tendinitis calcificante caderas, tendinopatía calcificante manguito rotador izdo, distimia, mareos, diarreas a estudio”, denegaba la prestación solicitada por no alcanzar las lesiones que padece, un grado suficiente de disminución en la capacidad laboral para ser constitutivas de una incapacidad permanente.

3º.- Presentada la correspondiente reclamación previa, se dictó resolución en fecha 8-4-2013 por la que se denegaba el reconocimiento de incapacidad permanente solicitada, ya que las lesiones que padece no alcanzan grado suficiente de disminución de su capacidad laboral, para ser constitutiva de una incapacidad permanente.

4º.- Las secuelas que padece la parte actora son:

– POLIARTRALGIAS GENERALIZADAS

– ESPONDILOARTROSIS CERVICAL Y LUMBAR

– ARTROSIS TIBIOASTRAGALINA IZDA

– TENDINITIS CALCIFICANTE CADERAS

– TENDINOPATÍA CALCIFICANTE MANGUITO ROTADOR IZDO

– DISTIMIA

– MAREOS

5º.- La base reguladora para la Incapacidad Permanente solicitada sería de 313,80 €/mes, siendo la fecha a partir de la cual desplegaría efectos económicos el día 26-2-13 con opción a desempleo. (No controvertido)

6º.- La parte demandante, que tiene una edad superior a los 55 años, carece de preparación general o especializada, siendo las condiciones sociales y laborales de su lugar de residencia, afectos al problema general del paro. (No controvertido)

7º.- La actora ya instó expedientes similares en los años 2002, 2003, 2008 y 2011. (No controvertido)

TERCERO.- En dicha sentencia aparece la siguiente parte dispositiva: “Desestimar la demanda presentada por Dª Coro , contra el INSS y la TGSS, no habiendo lugar a declarar a la actora en situación de Incapacidad Permanente Total, ni tampoco Incapacidad Permanente Absoluta para su profesión habitual de Camarera-hostelería, absolviendo a las partes demandadas de los pedimentos deducidos en su contra.”

CUARTO.- Que contra dicha sentencia anunció recurso de suplicación la parte demandante, no siendo impugnado por la parte contraria, pasándose los autos al Ponente para su examen y resolución por la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- En el presente supuesto, la actora recurre la sentencia de instancia que ha desestimado su pretensión de ser declarada en situación de incapacidad permanente absoluta y también total para el desarrollo de su profesión habitual.

En el recurso articula dos motivos. En el primero de ellos, con amparo procesal en el apartado b) del art. 193 LRJS (LA LEY 19110/2011) , insta la revisión de los hechos probados de la sentencia de instancia y en el segundo, con fundamento en el apartado c) del mismo artículo, denuncia la infracción de lo dispuesto en los artículos 137.4 y 5 LGSS , sosteniendo la incompatibilidad de su estado con el desarrollo de cualquier tipo de profesión remunerada o, subsidiariamente, con las ocupaciones propias de su profesión habitual.

SEGUNDO.- En el motivo de revisión fáctica solicita incluir un nuevo hecho probado con el siguiente contenido: “OCTAVO.- La actora tiene reconocido un grado de discapacidad del 79% por la Dirección General de Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria, mediante resolución de 4-9-2009. De dicho procentaje un 49% corresponde a “pérdida de agudeza visual binocular moderada por desprendimiento y defectos de retina de etiología no filiada. En el informe del Servicio de Oftalmología del HUMV de 21-1-2014 se aprecia un nivel de agudeza visual bilateral de 0,1, siendo la agudeza visual no evaluable”.

Esta pretensión no puede prosperar, pues la recurrente cita un informe médico que ha sido expresamente valorado en la sentencia instancia. Se trata del informe clínico del servicio de oftalmología, de fecha 3-2-2014 (folio nº 85). A lo largo de los fundamentos de derecho primero y cuarto, el Magistrado tiene en cuenta que el diagnóstico de dicho informe, en donde expresamente consta que la agudeza visual no es valorable, motivo por el que considera que no pueden tomarse en cuenta las limitaciones visuales a las que alude la resolución de reconocimiento del grado de minusvalía (folio nº 97).

No es posible admitir la interpretación que el recurrente efectúa del referido informe y, partiendo de ello, modificar la conclusión alcanzada por el Magistrado “a quo”, puesto que la prosperabilidad de un motivo de revisión fáctica, articulado al amparo del artículo 193.b) LRJS (LA LEY 19110/2011) , exige la cita de documental idónea, suficiente o fehaciente. Corresponde al órgano de suplicación la facultad de calificar dicha aptitud. Pero esta facultad está sometida a unas reglas concretas que la delimitan, como es el hecho de que no se pueda efectuar una nueva valoración global de la prueba o que, ante documentos de los que se pueda obtener conclusiones contrarias, debe prevalecer la solución dada por el juez de instancia, ya que éste es “órgano soberano para la apreciación de la prueba” ( SSTS de 10-3-1994 y STC 44/1989, de 20 de febrero (LA LEY 553/1989) ).

Por otro lado, las alusiones al reconocimiento del grado de minusvalía carecen de relevancia, toda vez que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha diferenciado la distinta finalidad protectora que persiguen las normas de protección de la minusvalía y la acción protectora de la Seguridad Social en el ámbito de la incapacidad permanente, pues esta última atiende en exclusiva a consideraciones de empleo y trabajo, mientras la definición de minusvalía comprende otras consideraciones relativas a la vida social, como la educación, la participación en actividades sociales, económicas y culturales. En este sentido se pronuncia la STS 5-11-2008 , que recoge la doctrina de las previas SSTS de 21-3-2007 (LA LEY 23247/2007) (Recursos nº 3872/2005 y 3902/2005 ), 20-9-2007 (LA LEY 162072/2007) (Rec. 4930/2006 ; y Rec. 2740/2006 ) y 21-2-2008 (LA LEY 13231/2008) (Rec. 1343/2007 ).

En definitiva, no procede acceder a la revisión propuesta.

TERCERO.- La cuestión planteada en el motivo de infracción jurídica exige recordar que la valoración del grado de incapacidad sufrido ha de atender a las limitaciones funcionales derivadas de las lesiones padecidas ( STS 28-12-1988 , entre otras) y no a éstas, consideradas en sí mismas.

Además, la incapacidad permanente total se refiere a los supuestos en los que la capacidad residual del trabajador resulta incompatible con el desarrollo de todas o de las principales funciones de su profesión habitual, mientras la incapacidad absoluta supone una completa inhabilidad para el desempeño de cualquier tipo de profesión remunerada.

Partiendo del cuadro clínico que presenta la trabajadora, que se refleja en el hecho cuarto de la sentencia recurrida, resulta que padece las siguientes deficiencias más significativas: poliartralgias generalizadas, espondiloartrosis cervical y lumbar, artrosis tibioastragalina izquierda, tendinitis calcificante de caderas, tendinopatía calcificante del manguito rotador izquierdo, distimia y mareos.

La conjunta valoración del cuadro permite concluir que el estado residual de la actora, en el momento actual y sin perjuicio de ulterior agravación, carece de relevancia funcional para determinar el grado total de incapacidad que pretende con carácter subsidiario y por ende, del absoluto que es objeto de su pretensión principal.

En este sentido, destaca que las dolencias que afectan a la columna vertebral no presentan una importante trascendencia funcional de cara al desarrollo de su profesión habitual, pues no existe constancia objetiva de la existencia de un compromiso radicular en los niveles afectados.

Tampoco presentan gravedad la artrosis tibioastragalina, la tendinitis de cadera o la tendinopatía del manguito rotador, pues no consta déficit motor en las extremidades inferiores, siendo la marcha normal y la prueba de lassegue negativa. De hecho, el grado funcional que se otorga al aparato locomotor está situado entre el 1 y el 2. Por otro lado, tampoco se advierte un claro compromiso de la movilidad del hombro izquierdo, pues las limitaciones no exceden de forma clara, del límite del 50% del arco global de movilidad.

En lo que respecta a la patología psíquica, calificada en grado funcional 1, tampoco presenta gravedad. Los resultados de la exploración psicopatológica reflejan que se encuentra consciente y orientada, con discurso coherente, sin alteraciones del pensamiento ni signos sicóticos.

En tales circunstancias, parece claro que su estado residual es compatible con el desarrollo de su profesión habitual.

En definitiva, teniendo en cuenta que la incapacidad permanente total, se refiere a los supuestos en los que la capacidad residual del trabajador resulta incompatible con el desarrollo de todas o de las principales funciones de su profesión habitual, ello determina que, tal como ha establecido la jurisprudencia, destacando entre otras las SSTS de 26-6-1991 , 12-6- 1986 o 24-7-1986 , la profesión que el trabajador desempeñe, presenta un carácter esencial y determinante en la calificación jurídica, siendo así que unas mismas lesiones pueden ser constitutivas o no de la referida incapacidad, en función de las tareas que requiera la profesión que el trabajador desempeñe.

Por tanto, la valoración del referido grado de incapacidad, exige poner en relación las concretas secuelas acreditadas, con las características propias de la profesión del sujeto, tomando en consideración que, como ha establecido la jurisprudencia, en múltiples ocasiones, es casi imposible, poder llegar a una generalización de soluciones homogéneas en esta materia, ( STS 9-3-1995 ). De este modo, el proceso valorativo y de subsunción normativa, debe efectuarse atendiendo a los concretos «hechos singulares» del caso ( SSTS de 27-11-1991 , entre otras), pues puede ocurrir que lesiones que aparentemente son idénticas, sin embargo, afecten de modo distinto a los trabajadores con diferentes repercusiones funcionales o que se diferencien en su concreta graduación ( STS de 25-1-2000 ).

No cabe por lo tanto, acudir a operaciones de subsunción o valoración del grado de incapacidad preestablecidas, ni tampoco considerar otros pronunciamientos judiciales en los que se analizan cuadros residuales diferentes del que nos ocupa, sino que lo que debe analizarse es la incidencia del conjunto de lesiones que componen el cuadro residual, en el desarrollo de la concreta actividad desempeñada por el mismo.

Todo ello impide considerar que la sentencia de instancia haya incurrido en las infracciones legales que se le imputan, pues atendido el cuadro residual del actor, debe entenderse que al menos en el momento actual, conserva la capacidad funcional necesaria para el desarrollo de su profesión habitual, por lo que procede confirmar el pronunciamiento de la sentencia de instancia.

Vistos los artículos citados y demás de legal y pertinente aplicación,

FALLAMOS

Debemos desestimar y desestimamos el recurso formulado por Dª. Coro contra la sentencia de fecha 1-4-2014, dictada por el Juzgado de lo Social nº 5 de los de Santander en el proceso de seguridad social nº 338/2013, seguido a su instancia contra el INSS y la TGSS, confirmando la misma en su integridad.

Notifíquese esta Sentencia a las partes y a la Fiscalía de la Comunidad Autónoma, previniéndoles de su derecho a interponer contra la misma, recurso de casación para la unificación de doctrina, regulado en los artículos 218 y siguientes de la Ley 36/2011, de 10 de Octubre (LA LEY 19110/2011), Reguladora de la Jurisdicción Social , que podrá prepararse ante esta Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, dentro de los diez días hábiles contados a partir del siguiente a su notificación.

Devuélvanse, una vez firme la sentencia, el proceso al Juzgado de procedencia, con certificación de esta resolución, y déjese otra certificación en el rollo a archivar en este Tribunal.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN .- Leída y publicada fue la anterior sentencia en día de su fecha, por el Ilmo/a. Sr/a. Magistrado Ponente que la suscribe, en la Sala de Audiencia de este Tribunal. Doy fe.